17
jul

 

Son muchos las consultas que nos hacen los propietarios de inmuebles en edificios con antigüedad considerable que quieren reunirse para acordar la instalación de un ascensor. ¿Qué mayoría se precisa? ¿Se puede eximir de gastos al propietario afectado como contraprestación por los perjuicios que sufre?

 

Esta cuestión no es nueva. No fue hasta la publicación, el 8 de abril de 1999, de la modificación de la LPH cuando se introdujo en el artículo diecisiete la siguiente previsión “El establecimiento o supresión de los servicios de ascensor, portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general, incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación”. Esta modificación supuso alterar el régimen general de mayorías para la adopción de acuerdos en los supuestos en los que se exigía la unanimidad. Esto es, habida cuenta que la instalación del ascensor podría afectar a elementos comunes y por ello ser de aplicación el requisito de la unanimidad, se pasó a un régimen de mayorías cualificadas, siendo preciso el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que a su vez representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Si esta novedad fue importante, más si cabe lo fue aquella previsión del citado precepto que señalaba que “…incluso cuando suponga la modificación del título constitutivo o estatutos”. Referencia de importancia capital por cuanto en la mayoría de las ocasiones el acuerdo de instalación afecta no solo a elementos comunes, sino también a elementos privativos y, por virtud del principio de autonomía de la voluntad, en ocasiones los propietarios de los elementos privativos afectados solicitan se les reconozca el derecho a estar exonerado del pago de determinados gastos.

 

Pues bien, en estos casos la especialidad de ese precepto radica en que cualquier acuerdo accesorio al acuerdo principal (instalación del ascensor), también se regirá por el régimen de la mayoría cualificada de tres quintos, aun cuando suponga una alteración del título constitutivo o los estatutos, como pudiera ser la modificación o alteración de las cuotas de participación y contribución a los gastos comunitarios.

 

El error común es creer que el acuerdo de instalación del ascensor requiere una mayoría cualificada de tres quintos y el acuerdo de exoneración de determinados gastos la unanimidad (STS de fecha 13 de septiembre de 2010 o la de 18 de diciembre de 2008).

 

Por Fernando Cortines, abogado.

 

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