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La ley 2/2015 de 30 de marzo de desindexación de la economía española (BOE Nº 77 31/03/2015) tiene como objetivo la desvinculación del IPC de los precios que se fijen en la prestación de servicios públicos.

 

Esta desvinculación del IPCE se produce también en el sector privado, si bien en este ámbito las actualizaciones quedarán sometidas a la libre voluntad de las partes, suponiendo la falta de pacto explícito la ausencia de actualización tanto en el ámbito de los arrendamientos urbanos como rústicos.

 

La ley crea un nuevo índice de referencia llamado “Índice  de Garantía de Competitividad”, este índice, referenciado al diferencial de inflación de España con la Zona Euro, no podrá superar el 2% (objetivo de inflación del Banco Central Europeo) ni rebajar el 0%.

Esta Ley afecta a:

 

  • Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RD Legislativo 3/2011)
  • Ley 4/2000 de medidas fiscales, administrativas y del orden social,
  • Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RD Legislativo 2/2014).
  • Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

 

La Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994 se ve afectada en el art. 18.1 fijando como índice, en ausencia de detalle sobre el índice de aplicación o metodología de referencia, al recién creado Índice de Garantía de Competitividad.

 

En ausencia de pacto expreso no se aplicará revisión de rentas o los contratos, variando la regulación previa que fijaba el IPC como actualización en defecto de pacto expreso.

 

Se podrá aplicar el IPC que deberá ser expresamente reflejado en el contrato como pacto expreso entre las partes.

 

Queda afectado también la Disposición Adicional primer apartado 3 de LAU 29/1994 en los mismos términos antes expresados pero referente a las rentas de las viviendas de protección oficial.

 

Se ve afectada también la Ley 49/2003 de 26 de noviembre  de Arrendamientos Urbanos Rústicos, en concreto en su art. 13.2, eliminándose la actualización vía IPC que se aplicaba ante la falta de acuerdo expreso de las partes.

 

La nueva regulación al igual que sucede en los arrendamientos urbanos, deja la libre voluntad de las partes para fijar el sistema de revisión que deseen, si bien en ausencia de pacto expreso que no se aplicará revisión de la renta.  De la misma manera toda falta de acuerdo de revisión que adolezca de falta de determinación del índice de aplicación o metodología de referencia, supondrá que se actualice conforme al nuevo Índice de Garantía de Competitividad.

 

Por Alejandro López-Tafall, abogado.

 

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