03
jul

El acreedor de una deuda impagada, que haya vencido, sea líquida y exigible  puede reclamarse en vía judicial si la vía de la negociación no ha conseguido un resultado satisfactorio.

 

 

Sin embargo, siempre se ha de tener en cuenta, la institución de la prescripción que determina el plazo en el que se puede ejercitar nuestro derecho para reclamar.

 

A este respecto señala el artículo 1.961 del Código civil que las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley. Tras la reforma operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, por la que se modifica a través de la Disposición final primera de la Ley el artículo 1.964 del código civil, las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años, es decir, el plazo para reclamar estas deudas es de cinco desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. Además este plazo general de cinco años para reclamar una deuda puede verse reducido por la concreta naturaleza de la deuda.

 

Pese a ello, se debe tener en cuenta la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 675/2001 de 26 junio, en cuyo motivo sexto establece la interrupción de la prescripción mientras la deuda reclamada figure en la contabilidad del deudor:

 

“El motivo sexto (artículo 1692-4º) denuncia la infracción del artículo 1973 del Código Civil, alegando una supuesta prescripción de la acción ejercitada. Más, como razona la sentencia de primera instancia, cuyos fundamentos hace suyos la sentencia impugnada nunca podríamos estimar que el plazo de prescripción está corriendo mientras la deuda figurara en la contabilidad de la demandada, lo que, teniendo en cuenta la publicidad de las cuentas o al menos su permanente conocimiento por los socios de la acreedora, supone un palmario y constante reconocimiento de la deuda por el deudor con el efecto establecido por el artículo 1973 del Código Civil. Habiéndose hecho desaparecer la deuda de tal contabilidad con motivo de la regularización de balances al término del ejercicio de 1977, es evidente que el día 14 de noviembre de 1989, fecha en que se interpuso la demanda rectora de autos habían transcurrido menos de quince años (plazo fijado en general por el artículo 1964 del Código Civil) y la acción no había prescrito. Eso a mayor abundamiento, pues existe un acto interruptivo declarado en la sentencia alemana, acto de fecha 1 de agosto de 1985, con lo que, aun computado el plazo desde el año 1972, la prescripción no se habría operado al tiempo de ejercitar la acción, aparte de la complejidad de las relaciones de las partes cuyos créditos recíprocos aproximan su situación a una cuenta corriente mercantil viva y pendiente de liquidación hasta la reclamación misma. Por ende, el motivo periclita.”

 

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